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La Facultad de Derecho de la U. Andrés Bello, sede Viña del Mar, realizó el seminario “Personas en situación de discapacidad intelectual y con dificultades para el desarrollo como sujetos del Derecho”. Esta iniciativa se realizó con el objetivo de entender y concientizar a la población sobre la calidad de sujeto de derecho de estas personas y contribuir a que ellas sean tratadas de esta forma en sus relaciones sociales cotidianas.
En esta primera sesión, se analizó de forma crítica el marco jurídico regulatorio de los individuos con discapacidad intelectual y con problemas de desarrollo -quienes se encuentran dentro del Espectro Autista (TEA) y Síndrome de Down– para determinar si son aptos para compatibilizar adecuadamente las necesidades de protección con su calidad de sujeto de derecho.
El seminario contó con la participación de Lilia Siervo Briones, fundadora y directora de la Fundación Apoyo Autismo Chile y directora «Diplomado en Inclusión Educativa y Social de la Persona con la Condición del Espectro del Autismo», de la UNAB; Irma Iglesias, fundadora de la Fundación Down 21 y María Isabel Rodríguez, abogada, Magister en Derecho y Doctora en Derecho y académica de la carrera de Derecho de la U. Andrés Bello.
Un cambio de mirada
Lilia Siervo Briones hizo referencia a la Fundación Apoyo Autismo Chile. “Nosotros pretendemos que las personas con discapacidad sean tratadas con dignidad y amabilidad, para ello se hace necesario ayudarles a tener roles socialmente valorados”, expresó.
“Es muy importante avanzar hacia la dirección de los derechos, dignidad, libertad y calidad plena de cada persona con discapacidad. Para eso necesitamos que cada vida humana esté conectada con la vida de los demás, en la escuela, en el trabajo, en el parque, donde ocurren las cosas”, aseguró la profesional.
Según Lilia Siervo, es necesario despojarse del rol del profesional experto y transformarse en compañeros de viaje, para esto mencionó que “nosotros vamos acompañando a las personas con discapacidad para que el proyecto de vida deseada se pueda hacer realidad porque cuando estoy en el rol de profesional, finalmente quien toma las decisiones es el experto, es decir, le estamos quitando el poder”.
Otorgar la capacidad de decidir
Posteriormente, Irma Iglesias, habló desde su experiencia, centrada en la Fundación Down 21 y el ámbito jurídico, donde fue categórica en decir que “llevamos muchos años tratando de que las cosas cambien y no se producen los avances que necesitamos. Se ha hablado de cambios de paradigma en materia de Derechos Humanos y discapacidad, pero lo que realmente necesitamos es una convención de los derechos de las personas con discapacidad y que se implemente la lectura fácil, con un lenguaje claro”.
Respecto a la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad, la experta puntualizó que es un proyecto que se gestó en el 2008. “Estábamos muy esperanzados después de las firmas que reunieron en el Congreso, pero para que se pudiera implementar las leyes debían ser modificadas y nada de eso se ha hecho, seguimos esperando”.
Por otra parte, Irma Iglesias planteó la pregunta “¿ustedes han pensado lo que es vivir sin poder decidir? Las personas con Síndrome de Down no tienen esta oportunidad, están constantemente bajo sospecha y se asume que cometerán errores, pero ¿quién no los comente? si una persona en esta condición se equivoca, automáticamente es incapaz y debe ser declarado interdicto”.
“Nosotros somos una organización para personas con discapacidad y nuestro objetivo es desaparecer, así como se acabaron los movimientos de esclavitud y tenemos que dejar de decir la palabra inclusión porque cada vez que la nombramos significa que alguien está afuera”
Trabajar desde un enfoque multidisciplinario
Finalmente, María Isabel Rodríguez, abordó la temática de las personas con discapacidad intelectual y con dificultades para el desarrollo, como sujetos de Derecho en Chile, desde la perspectiva del Derecho Civil y los Derechos Humanos.
En la misma línea de Irma Iglesias, la abogada se refirió a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde señaló que “existe la necesidad del derecho al reconocimiento de la personalidad y capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás en todos los ámbitos de la vida y también de crear un sistema de apoyo en la toma de decisiones, remplazando al sistema de sustitución, es decir, lo que en Chile se conoce como la interdicción por demencia y la representación en esa materia”.
“Como abogados tenemos que abrirnos a mirar la discapacidad desde un punto de vista multidisciplinario, es decir, no vamos a lograr avanzar si el trabajo no solo se hace desde el enfoque jurídico, sino que también social, médico, educacional y psicológico”
Rodríguez reconoció que “estamos al debe con las modificaciones y proyectos de Ley que están en el Congreso hace varios años. Por ejemplo, el artículo 465, que establece la nulidad de los actos de aquellos que son interdictos, abarca temas personalísimos como el contraer matrimonio y, si bien, no hay ninguna norma que le dé facultades al oficial del registro civil para prohibir el matrimonio de personas con discapacidad mental e intelectual, en la práctica si sucede”.
El Dr. Jorge Astudillo Muñoz, académico de la Facultad de Derecho de la U. Andrés Bello, sede Viña del Mar, fue el organizador de esta jornada, que se adjudicó los Fondos Concursables “Diálogo y Fomento al Conocimiento 2023” de la Vicerrectoría de Comunicación Estratégica UNAB (VCE).
