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Según las cifras entregadas por el Registro Civil y de Identificación, la deuda por pensión de alimentos en la Región de Valparaíso superó los cuatro mil quinientos millones de pesos, dejando a la región de Valparaíso en el segundo lugar a nivel nacional con mayor cantidad de inscritos en el registro, con 14.585 personas, de las que 13.958 son hombres.
Claudia Salinas Gutiérrez, Directora Regional de Valparaíso de la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM) destacó que según ella, el registro muestra la realidad de las mujeres de la región “el no pago de alimentos, es una de las tantas formas en que se ejerce violencia contra la mujer. Hay dos agredidos en esta dinámica violenta: los hijos e hijas y sus madres. De las consultas y solicitudes sobre asesorías jurídicas que recibimos, entre el 80 y 90 por ciento, corresponden a deudas de pensión de alimentos o bien, información sobre cómo demandar por concepto de pensión. Esto nos grafica que las mujeres deben insistir en los tribunales de familia para que los derechos de sus hijas e hijos sean reconocidos. Sin dejar de mencionar el desgaste que esto significa”, destacó Salinas.
En tanto, la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Paula Gutiérrez Huenchuleo, indicó, “Desde el Gobierno del Presidente Gabriel Boric hemos asumido un compromiso no sólo con la implementación de nuevas leyes como son el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos y Pago Efectivo, si no que especialmente nos hemos abocado junto a la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género a realizar difusión, entrega de información y orientación a las personas cuidadoras especialmente a mujeres que son las que asumen el rol de cuidado y de exigencia en definitiva de este pago de alimentos que favorece a niños, niñas y adolescentes principalmente”, agregó.
En mayo de este año, la Ley de Responsabilidad Parental entró en vigencia luego de su aprobación transversal durante el 2022. Para la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Camila Lazo Molina esta entrada en vigencia viene a “fortalecer la institucionalidad de pensiones de alimentos y establecer criterios de dignidad y de justicia en los procesos de cobro de pensiones de alimentos. Anterior a la aprobación de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensión de Alimentos, teníamos un marco muy débil que durante la pandemia visibilizó como miles de mujeres fueron solicitando las retenciones del 10% y que muchas de ellas nunca recibieron el pago para sus hijos e hijas. Esta Ley se hace cargo de esa debilidad incorporando el mecanismo de pago efectivo el cual opera sobre los saldos que la persona deudora tenga en sus cuentas bancarias, instrumentos de inversión o fondos de AFP”
De igual manera, Lazo destacó, “conocemos la realidad de aquellas madres que han sufrido violencia económica, hoy en nuestra región son en un 96% los padres quienes adeudan las pensiones de alimentos, por ello a todas las madres que han llevado el proceso adelante les decimos Ya No estás Sola, ahora es el Estado el persecutor del patrimonio de la persona deudora. Esta ley también viene a cautelar que el derecho de los niños, niñas y adolescentes tienen de recibir su pensión de alimentos se cumpla además de quitar la carga que ha sido para las madres andar pregonando en tribunales”.
La normativa tiene como objetivo establecer un procedimiento de pago especial para el cobro de pensiones de alimentos, mejorar el acceso a la información financiera de los deudores, y garantizar que el proceso de cobro se realice con criterios de justicia y dignidad, según señaló la seremi de Justicia.
“Esta ley rige para todas las personas que están obligadas a pagar la pensión de alimentos, es muy importante que todas estas demandas se formalicen mediante Tribunales ya que es la única forma de perseguir el no pago de pensión de alimentos. Para activar la Ley se deberán seguir cuatro pasos fundamentales, pedir al Tribunal que liquide la deuda, retener las cuentas del deudor, realizar la búsqueda del patrimonio y solicitar el pago de la deuda, este trámite se puede realizar con clave única en pjud.cl” precisó la Seremi de la Mujer y Equidad de Género.
Además, desde Abofem agregaron que esperan que, “en la medida que se reconoce los factores y los derechos vulnerados, la institucionalidad lo vaya constatando a fin de generar políticas públicas o mecanismos que permitan que mujeres puedan acceder de una mejor forma a los procedimientos judiciales y a la información necesaria para ello.”.
